La presión social sobre el Gobierno de Bolivia se intensifica. La Confederación del Transporte Libre ha decidido entrar en estado de emergencia y ha dado un ultimátum de 48 horas al Ejecutivo para que atienda sus requerimientos, especialmente en lo que se refiere al suministro de diésel.
Los transportistas advierten que la escasez de combustible ha reducido su capacidad operativa hasta en un 50%, lo que ha generado pérdidas significativas y complicaciones en la prestación de servicios de carga y transporte interdepartamental. Sus demandas también incluyen el mantenimiento urgente de las carreteras y la apertura del mercado del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito.
Además, el sector de transportistas manifestó su inquietud respecto a un posible retiro de la subvención a los combustibles, contemplado en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para el año 2027. Los líderes del sector advierten que si los precios de los combustibles son ajustados a los valores internacionales, esto resultará en un inmediato aumento de las tarifas del transporte en todo el país.
Marcha de maestros se une a las protestas
El mismo día, el magisterio urbano también saldrá a las calles. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia ha convocado a sus 31 federaciones a una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno en áreas económicas, sociales y educativas.
Entre las reivindicaciones planteadas por los maestros se encuentran el suministro adecuado de carburantes, mejoras salariales, la recuperación del poder adquisitivo y la derogación de varios decretos supremos que consideran perjudiciales.
Transportistas y educadores se movilizan, lo que representa un nuevo desafío para el Gobierno en medio de la crisis relacionada con los combustibles y el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos.