Los líderes sociales del Trópico de Cochabamba han declarado un estado de "alerta máxima", manifestando su preocupación por un supuesto seguimiento que estarían llevando a cabo agentes de inteligencia. Según indican, estos individuos tendrían conocimiento de sus lugares de residencia y actividades con la intención de acallar sus voces.
En sus alegaciones, los dirigentes también mencionaron un presunto plan que implicaría la llegada de "mercenarios extranjeros", con el apoyo de algunos sectores de la Policía y las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo sería atacar a los líderes del Trópico y desestabilizar a Evo Morales, el expresidente del país. Sin embargo, estas acusaciones carecen de respaldo documental y no han sido verificadas de manera independiente.
La situación en la región se encuentra marcada por la orden de aprehensión vigente contra Morales y la convocatoria para un ampliado nacional de sus organizaciones para el 26 de septiembre en Lauca Ñ. Los dirigentes leales al exmandatario han anunciado que llevarán a cabo vigilias y activarán mecanismos de alerta ante la posibilidad de un operativo por parte de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el Gobierno ha señalado que hay informes de inteligencia que identifican al Trópico de Cochabamba como un punto crítico de conflicto en el país. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, subrayó que desde esta región se estarían organizando movilizaciones, lo que ha llevado a considerar estos informes en la reciente ampliación del estado de excepción.
Hasta ahora, no ha habido una confirmación oficial sobre la existencia de un plan para introducir mercenarios extranjeros ni sobre operaciones específicas contra los dirigentes del Trópico. Estas denuncias se inscriben en un contexto de creciente confrontación política entre el Gobierno y las organizaciones afines a Morales, en medio de protestas contra el nuevo precio del diésel y la extensión del estado de excepción.