La Central Obrera Departamental (COD) de Pando ha expresado su desacuerdo con el Proyecto de Ley 070/2025-2026, que se presenta como "Ley para Garantizar la Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano". Esta iniciativa contempla penas penales para los involucrados en bloqueos de carreteras, lo que, según la COD, podría limitar el derecho de los trabajadores a movilizarse y ejercer sus derechos de presión.
La propuesta ha sido aprobada en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados y se enviará al pleno para su discusión. La ley incluye diez propuestas legislativas y establece un nuevo delito denominado "obstrucción grave a las rutas públicas", con sanciones que dependen de la gravedad de los incidentes.
De acuerdo con la versión aprobada, las sanciones varían entre tres y seis años de prisión en casos donde los bloqueos perjudiquen servicios esenciales como emergencias, salud, abastecimiento y actividades laborales. En situaciones más graves que involucren violencia o daños a la infraestructura, las penas pueden ascender hasta ocho años, e incluso hasta diez años en circunstancias extremas.
Los representantes de la COD Pando han manifestado su preocupación de que este tipo de normativas se conviertan en mecanismos para restringir las movilizaciones sociales, recordando que muchas de las conquistas laborales y sociales obtenidas en el país han sido el resultado de protestas y acciones de presión. La COD espera que la Central Obrera Boliviana se pronuncie oficialmente sobre este tema.
Es importante destacar que, aunque el proyecto ha avanzado en la Cámara de Diputados, aún no se ha convertido en ley. Después de su aprobación en comisión, debe ser debatido y aprobado por el pleno, además de seguir con los pasos necesarios en el proceso legislativo.
"Este tipo de normativas pueden limitar las movilizaciones sociales, que son fundamentales para los derechos de los trabajadores"