La reciente eliminación de la subvención al diésel, que eleva su precio a Bs 17,95 el litro desde el 19 de septiembre, ha desencadenado múltiples reacciones. Sectores laborales y sociales cuestionan el Decreto Supremo 5716, manifestando su preocupación por el impacto en el transporte, la economía de los trabajadores y el costo de la canasta familiar.
La Central Obrera Boliviana (COB) ha expresado su oposición a esta medida, convocando a un ampliado nacional de emergencia. Esta reunión incluirá a diversas confederaciones y federaciones que se encargarán de analizar la situación actual y decidir sobre futuras acciones. La COB ha enfatizado que la subida en el precio del combustible repercutirá negativamente en la canasta básica y ha hecho responsable al Gobierno de cualquier movilización que decidan sus bases.
En Chuquisaca, la Central Obrera Departamental (COD) también ha declarado un estado de extrema emergencia, exigiendo la derogación del mencionado decreto. Su líder, Marcelo Torres, ha señalado que el aumento en el precio del diésel incidirá en los costos de transporte y producción, anticipando que ciertos productos de la canasta familiar podrían experimentar incrementos significativos.
Desde Oruro, la Federación Departamental de Choferes "San Cristóbal", que cuenta con más de 33.000 afiliados, ha manifestado su desacuerdo con el nuevo precio del diésel. Este sector ha solicitado a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia que convoque a un ampliado de emergencia, advirtiendo que las alzas en costos podrían provocar nuevas movilizaciones.
Además, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) ha anunciado la realización de un ampliado nacional para discutir medidas a seguir, mientras que organizaciones de productores de Yapacaní realizaron protestas, destruyendo y quemando copias del Decreto 5716 para mostrar su descontento. Por su parte, el Sindicato Mixto de Transportistas "San Cristóbal" en Chuquisaca ha decidido ajustar sus tarifas de transporte, estableciendo precios diferenciados.
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia también ha solicitado la anulación de este decreto y está organizando un ampliado nacional para evaluar la posibilidad de nuevas medidas de presión. Mientras tanto, el Gobierno defiende la eliminación de la subvención, prometiendo un paquete de compensaciones y apoyo productivo para mitigar el impacto de la medida.