Ayer, el sector cañero de Santa Cruz llevó a cabo una movilización frente a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en respuesta al Decreto Supremo 5767. El líder cañero, Óscar Alberto Peña, expresó su desacuerdo con la decisión gubernamental de fijar dos precios para el diésel, argumentando que esto discrimina a los productores y aumentará sus costos operativos.
Los cañeros exigen la anulación del decreto y sugieren que el Gobierno dialogue para establecer una nueva normativa que contemple sus necesidades. Peña recordó que, tras la eliminación de la subvención al diésel, la producción del sector se vio severamente afectada, alcanzando solo el 50% de lo esperado debido al aumento de costos.
Peña también anunció la realización de una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se discutirán nuevas medidas de presión en rechazo al decreto y se buscarán soluciones que aseguren la viabilidad de la producción.
Por otro lado, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se pronunció en contra del Decreto Supremo 5676, pidiendo su derogación. El presidente de Fencomin, Josué Caricari, subrayó que es responsabilidad del Gobierno presentar alternativas a esta medida, en lugar de esperar que los sectores afectados propongan soluciones.
El Decreto Supremo 5676 fue emitido en medio de una crisis por la escasez de combustibles, generando largas filas en las estaciones de servicio. Esta normativa busca reducir la carga fiscal en la importación de diésel a través de un precio referencial de Bs 18 por litro para Clientes Directos y Grandes Consumidores, mientras que el precio para otros consumidores se mantiene en Bs 9,80.
Fencomin criticó las decisiones del Gobierno tomadas por decreto, advirtiendo que el aumento del precio del diésel afectará negativamente a los sectores productivos, trabajadores y familias. La organización reafirmó su estado de emergencia y exigió la revocación inmediata del DS 5676.