La Cancillería de Perú ha emitido un comunicado en el que reafirma que la presencia de un diplomático en la reciente sesión de la Asamblea Legislativa de Bolivia, donde se destituyó al fiscal general Róger Mariaca y se nombró a José Armando Urioste, fue solo en calidad de oyente y no implica intervención en asuntos internos bolivianos.
En el documento, se enfatiza que el Perú respeta la soberanía e independencia de todos los países y que no se inmiscuye en sus asuntos internos. La administración de Keiko Fujimori recordó que sus acciones están guiadas por el respeto mutuo y la convivencia pacífica en el ámbito internacional.
El comunicado especifica que la función del diplomático fue simplemente recoger información durante la audiencia pública, lo que no puede ser considerado como un acto de injerencia. Aseguran que cualquier alegación sobre interferencia extranjera debe estar respaldada por pruebas verificables.
La sesión del viernes, que se extendió hasta la madrugada del sábado, estuvo marcada por tensiones, incluida una controversia protagonizada por la senadora Ana María Crispín. Esta legisladora acusó a ciertos asistentes de estar haciendo pagos a favor de la destitución de Mariaca, aunque no presentó evidencia concreta de sus afirmaciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también se expresó al respecto, indicando que la mera presencia de diplomáticos en actividades legislativas no debe ser interpretada como injerencia. Se subrayó que cualquier acusación de este tipo debe fundamentarse en hechos comprobables y no en suposiciones.
La postura del gobierno peruano se alinea con principios internacionales que promueven el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, un enfoque que busca mantener la estabilidad y el orden en la región.