El Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha expresado su respaldo a las acciones del Gobierno de Estados Unidos, argumentando que las medidas tomadas son parte de la iniciativa denominada "Escudo de las Américas", cuyo objetivo es combatir el narcotráfico y la corrupción en los países de la región.
Este pronunciamiento se produce tras el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. de imponer restricciones de visa a ciudadanos de varios países, incluyendo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso boliviano, las restricciones afectan a fiscales, jueces, magistrados, un exministro de Justicia y un coronel de la Policía, entre otros.
Uno de los principales implicados es el fiscal general Roger Mariaca, quien ha sido acusado por autoridades estadounidenses de aceptar sobornos relacionados con el narcotráfico y de facilitar la evasión de la justicia para criminales violentos. Mariaca ha rechazado estas acusaciones y ha reclamado respeto por la soberanía boliviana.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha indicado que se solicitará a EE.UU. información adicional para respaldar las acusaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, comentó que estos señalamientos podrían llevar a una investigación judicial en Estados Unidos e incluso a una posible extradición, aunque enfatizó que cualquier decisión al respecto depende de las autoridades estadounidenses.
Esta situación ha generado un intenso debate político en Bolivia sobre la cooperación internacional y los límites de la soberanía. Mientras Mariaca sostiene que las investigaciones del Ministerio Público no deben estar influenciadas por presiones externas, algunos sectores del Legislativo demandan acceso a las pruebas que posee Washington antes de tomar decisiones sobre responsabilidades.