La Manufactura Boliviana S.A., conocida como Manaco, ha decidido cerrar su planta de producción ubicada en Quillacollo, Cochabamba, después de casi nueve décadas de actividad. Este anuncio se realizó el 31 de octubre, tras registrar pérdidas que superan los Bs 130 millones, lo que llevó a la empresa a considerar insostenible la continuación de sus operaciones.
Fundada en 1940 por un grupo de empresarios checoslovacos, Manaco se destacó como una de las principales productoras de calzado en el país, llegando a exportar a diversos mercados internacionales y generando empleo en la región. Sin embargo, la situación económica se tornó complicada, especialmente después de la pandemia, afectada por factores macroeconómicos desfavorables y conflictos sociales que interrumpieron su actividad.
La empresa emitió comunicados en los que indicó que, a pesar de los esfuerzos realizados en años recientes para mantener la producción, la situación financiera ha llevado a decisiones difíciles. "Estamos cerrando una operación productiva que ya no es sostenible, pero asumimos esta medida de manera responsable", explicó César Panduro, gerente general de Manaco.
Como parte de su compromiso con los trabajadores, Manaco ha asegurado que cumplirá con el pago total de indemnizaciones y beneficios sociales exigidos por la legislación vigente. Además, la compañía ofrecerá una compensación económica extraordinaria y voluntaria a los trabajadores afectados, que incluirá salarios adicionales a los que estipula la ley, ayudando así a sus extrabajadores en la transición hacia nuevas oportunidades laborales.
Este anuncio ocurre en un contexto de tensiones laborales, donde la empresa ha manifestado su preocupación por las medidas de presión de ciertos sectores. A pesar de que Manaco mantiene abiertas las vías de diálogo y ha propuesto beneficios complementarios, considera que estas acciones afectan la seguridad de la comunidad y el ambiente laboral.
Con este cierre, se pone fin a más de 80 años de historia industrial en Cochabamba. Aún queda por conocer el impacto total en el empleo y las reacciones de los trabajadores respecto a esta difícil decisión, mientras la empresa busca garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a la normativa legal.