La Fiscalía ha llevado a cabo un operativo en las instalaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS), donde se ha incautado documentación y equipos informáticos. Esta acción forma parte de una investigación que indaga sobre presuntas irregularidades en un contrato para la adquisición de tomógrafos.
Omar Yujra, el fiscal encargado del caso, explicó que el material recolectado está relacionado con el proceso de contratación entre la CNS y una empresa privada, el cual está en el centro de la controversia.
Detalles de la contratación y modificaciones
Durante el registro, se recuperaron informes que sugieren la existencia de contratos modificatorios que podrían haber favorecido a la empresa en cuestión. El fiscal Yujra enfatizó que el proceso había sido objeto de observaciones desde sus inicios, pero siguió adelante con las modificaciones. Estos aspectos serán analizados detenidamente en el marco de la investigación.
En cuanto a las implicaciones económicas, la Fiscalía ha señalado que existe una cantidad significativa de dinero involucrada, aunque aún no se ha determinado el posible perjuicio económico al Estado. Yujra mencionó que se necesitarán auditorías e informes adicionales para establecer la magnitud de cualquier daño.
Se ha detectado que el contrato investigado incluye anticipos de pago, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar qué sumas han sido pagadas a la empresa y por qué conceptos. Sin embargo, el fiscal ha mantenido en reserva detalles sobre las cuentas a las que fueron dirigidos estos fondos, dado que forman parte de la investigación en curso.
La máxima autoridad de la CNS ha sido citada a declarar la próxima semana, y también se están investigando a otros funcionarios que participaron en el proceso contractual. La Fiscalía está considerando ampliar su investigación hacia la empresa privada involucrada en la contratación.
Yujra añadió que su despacho ya cuenta con varias denuncias en investigación contra exfuncionarios de la CNS, lo que sugiere que este caso podría tener ramificaciones más amplias. La documentación y equipos secuestrados serán analizados para determinar la existencia de elementos suficientes que permitan avanzar en el proceso.