Roxana Lizárraga Vera, quien es esposa de Ramiro Vega, el abogado que ha tomado la defensa de Fernando Cerimedo, cuenta con antecedentes de sentencias por corrupción en Bolivia. Esta información ha sido obtenida a partir de un informe que detalla los procesos judiciales en los que está involucrada.
Lizárraga ocupó el cargo de ministra de Comunicación durante el gobierno de Jeanine Áñez. Uno de los casos más relevantes en su contra es el de enriquecimiento ilícito, en el cual se alega que, durante su mandato, realizó 182 depósitos bancarios considerados inusuales, alcanzando un total de 247.072 bolivianos. Dichos movimientos no tienen justificación con respecto a sus ingresos y su patrimonio, según las acusaciones formuladas.
El 15 de agosto de 2024, un tribunal anticorrupción de La Paz condenó a Lizárraga a cuatro años de prisión por esta causa. Además, su nombre figura en el "Caso Gases", un proceso que investiga la compra y la introducción irregular de agentes químicos durante el gobierno de Áñez.
En febrero de 2025, el gobierno mantuvo que Lizárraga, junto a otros exministros como Arturo Murillo, enfrentaba una nueva condena por acciones que habrían provocado una pérdida económica al Estado por más de 2 millones de dólares.
Estos antecedentes han cobrado relevancia luego de que Ramiro Vega, en su papel de defensor de Cerimedo, cuestionara las acciones del Ministerio Público, sugiriendo que las acusaciones contra su cliente son parte de una estrategia política. Este tipo de argumentos han sido comunes en el discurso de Lizárraga durante su gestión.
A pesar de las conexiones entre los discursos de Vega y Lizárraga, el informe subraya la importancia de que las acusaciones contra Cerimedo sean evaluadas e investigadas por las autoridades competentes, respetando siempre el principio de presunción de inocencia.