POLÍTICA

La COB se opone a la extensión del estado de excepción por 90 días

La Central Obrera Boliviana expresa su desacuerdo con la prórroga del estado de excepción, argumentando falta de justificación y el riesgo de incrementar el conflicto social.

Por Micaela Torrez · 17 de septiembre de 2026

La Central Obrera Boliviana (COB) ha manifestado su rotundo rechazo a la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de extender el estado de excepción por tres meses más, con 100 votos a favor y 58 en contra. Según el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, esta medida carece del respaldo legal adecuado y limita el derecho de la ciudadanía a protestar.

Argollo cuestionó la necesidad de mantener este régimen excepcional, argumentando que no hay movilizaciones significativas en la actualidad que justifiquen tal medida. "No están movilizándose por locos; hay problemas", señaló, refiriéndose a las preocupaciones de la población que están ligadas a la economía y el aumento del costo de la vida.

El dirigente de la COB también alertó sobre el riesgo que implica la prolongación del estado de excepción, sugiriendo que podría intensificar el descontento entre diferentes sectores sociales. Recordó que esta medida fue instaurada tras 53 días de conflictos y bloqueos ocurridos entre mayo y junio, cuando el Gobierno intentó controlar la situación social.

A pesar de la oposición de la COB y otras organizaciones, la Asamblea legislativa aprobó la extensión del estado de excepción, que permanecerá vigente hasta el 20 de diciembre de 2026. El Gobierno justifica esta decisión citando la posibilidad de nuevas movilizaciones, problemas de seguridad y la amenaza de conflictos.

La postura de la COB se alinea con las críticas de organizaciones campesinas, cooperativistas y diversos sectores políticos, que ahora deberán considerar si su desacuerdo se traducirá en nuevas acciones de presión contra el Gobierno.

Contexto de la medida y sus implicaciones

La extensión del estado de excepción ha generado un debate intenso en el país, destacando la tensión entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos ciudadanos. En este sentido, la COB y otros grupos consideran que la medida podría repercutir negativamente en la estabilidad social.