Desde el 20 de junio, rige un Estado de Excepción en Bolivia, inicialmente establecido por un periodo de 90 días. Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional está considerando si debe extender esta medida, ante la continuación de problemas críticos relacionados con el abastecimiento de combustible y el surgimiento de nuevas protestas.
La posibilidad de ampliar el Estado de Excepción se sustenta en un análisis constitucional que indica que dicha extensión es legal, pero requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los legisladores presentes, según lo estipulado en la Ley 1740.
El Gobierno implementó la medida original luego de semanas de bloqueos que impactaron en la circulación y abastecimiento en el país. Esta decisión incluye restricciones temporales a derechos relacionados con la movilidad y la reunión, además de prohibiciones a los bloqueos de vías, con la Policía y las Fuerzas Armadas encargadas de su aplicación.
La situación actual se mantiene tensa, ya que si las protestas y el desabastecimiento continúan, el oficialismo puede optar por extender esta medida, que fue diseñada como una respuesta excepcional a una crisis que persiste.
La discusión sobre la ampliación del Estado de Excepción plantea un interrogante crucial: ¿se utilizará esta herramienta para asegurar la estabilidad en el país o será una indicación de que el Gobierno aún no ha abordado las raíces de la crisis en curso?