El Gobierno boliviano ha decidido intervenir temporalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días. Esta medida busca abordar las fallas en las operaciones de la empresa estatal y fortalecer la cadena logística relacionada con la importación y distribución de combustibles.
El Decreto Supremo 5697, que establece esta intervención, fue aprobado el 1 de septiembre y crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión será responsable de supervisar la gestión de YPFB durante el tiempo que dure la intervención.
La intervención puede extenderse excepcionalmente por una única vez hasta 90 días adicionales a criterio del Ministro de Hidrocarburos, siempre que las causas que motivaron la intervención continúen presentes. Sin embargo, también puede finalizar antes si se logran resolver las problemáticas identificadas.
Motivos de la intervención y funciones de la comisión.
El decreto justifica la intervención mencionando "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", lo que representa riesgos significativos para el interés público y la seguridad energética del país.
La Comisión de Intervención estará formada por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas. Su enfoque se centrará en áreas como la comercialización, logística y trazabilidad de combustibles.
- Recomendar auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución.
- Identificar redes de contrabando y desvíos en el abastecimiento.
- Individualizar responsabilidades del personal involucrado.
Además, la comisión podrá sugerir la inclusión de expertos y solicitar apoyo de entidades de control. Tendrá la autoridad para revisar todos los procesos relacionados con la importación, distribución y comercialización de combustibles, así como para recomendar cambios que permitan corregir problemas administrativos y operativos.
El decreto también establece que YPFB deberá colaborar con la entrega de información solicitada por la comisión, y el incumplimiento puede tener consecuencias legales. Cualquier gasto derivado de esta intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro, ya que se financiará con los presupuestos de las entidades que conforman la comisión.