Recientes intervenciones de la Policía en áreas rurales de Potosí han prevenido intentos de linchamiento. En dos incidentes separados, tres individuos fueron retenidos por comunidades locales al ser acusados de cometer delitos, lo que generó un clima de violencia inminente.
El primer evento tuvo lugar en la comunidad de Rodero, en el municipio de Ravelo, donde una multitud detuvo a una mujer y a un hombre bajo la acusación de haber robado combustible de una propiedad privada. La situación se tornó crítica cuando los acusados fueron golpeados y llevados a un espacio público con la intención de lincharlos.
El coronel Franklin Villazón, subcomandante de la Policía departamental, indicó que se envió un contingente policial al lugar. Gracias a un diálogo efectivo con las autoridades originarias y los comunarios, se logró la entrega de los sospechosos a la Policía, evitando así una posible tragedia.
Los dos detenidos, según el informe inicial, fueron sorprendidos en el acto delictivo. Tras la intervención policial, se procedió a ponerlos a disposición del Ministerio Público para que se investiguen las denuncias en su contra.
Un segundo incidente se registró en la comunidad de Charcamicani, en la provincia Alonso de Ibáñez. En este caso, un hombre identificado como A. C. fue retenido por los pobladores, quienes lo acusaban de haber robado un teléfono celular.
Los efectivos policiales se contactaron con el alcalde de la comunidad, Germán Rojas Estalia, para esclarecer los hechos y evitar que la situación escalara en violencia. En este caso, no se encontró a la persona supuestamente afectada por el robo.
Finalmente, tras una negociación, se llegó a un acuerdo conforme a los usos y costumbres locales, y la Policía recomendó medidas para prevenir futuros conflictos. Las autoridades instaron a la población a presentar denuncias formales y no tomar la justicia por sus propias manos.
La Policía enfatizó la importancia de que las acusaciones sean investigadas por las instancias competentes, resaltando que las prácticas de justicia comunitaria no deben interferir con los procesos legales establecidos.