POLÍTICA

Intervención estatal en la ANH busca mejorar el abastecimiento de hidrocarburos

El Gobierno de Bolivia anunció la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para abordar problemas en el suministro de carburantes, con un plazo de 180 días para implementar cambios necesarios.

Por Estefany Loza · 3 de septiembre de 2026

Este 3 de septiembre de 2026, el Gobierno boliviano llevó a cabo la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en La Paz, acción que cuenta con la participación de varios ministros de una comisión designada para el proceso.

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, expresó que la intervención está dirigida a asegurar que la ANH cumpla con sus funciones adecuadamente. Afirmó que se brindará más información al concluir la intervención.

La decisión fue anunciada horas antes por el Gobierno y se basa en el Decreto Supremo 5699, que estipula la intervención de la ANH debido a deficiencias y vulnerabilidades en la regulación y supervisión del sector hidrocarburífero.

El primer artículo del decreto establece que la intervención es de carácter temporal y tiene como objetivo corregir problemas que afectan el abastecimiento interno de hidrocarburos, atribuyendo parte de estas dificultades a decisiones tomadas en administraciones gubernamentales previas.

La intervención se extenderá por un periodo de 180 días, durante el cual se llevará a cabo un análisis exhaustivo para implementar medidas correctivas y determinar posibles responsabilidades en el sector. También se realizarán auditorías técnicas y legales para fortalecer la regulación estatal.

Adicionalmente, se evaluarán las condiciones de las autorizaciones y licencias otorgadas a los operadores de la cadena hidrocarburífera, con el fin de aplicar medidas que prevengan futuros problemas y protejan los intereses económicos del Estado.

“Se va a lograr que la ANH trabaje en lo que debería trabajar”, dijo Marcelo Blanco al ingresar a las instalaciones de la entidad.

El objetivo final de esta intervención es salvaguardar el interés público y evitar que persistan prácticas perjudiciales en la gestión del sector hidrocarburos.