El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto 5676, el cual establece un precio referencial y flotante de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y clientes directos. Esta medida busca reducir las largas filas en las estaciones de servicio, combatir el contrabando de combustibles y disminuir la carga fiscal del Estado, en un contexto de escasez de dólares para importar hidrocarburos.
Los ministros Fernando Aramayo y Marcelo Blanco defendieron la normativa, argumentando que es un paso necesario para evitar que el Tesoro General del Estado continúe perdiendo recursos por la compra de combustibles a precios artificialmente bajos. La implementación del precio flotante se aplica a diferentes grupos de consumidores, dejando a los pequeños consumidores el precio anterior de Bs 9,80 por litro.
Sin embargo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se opone a esta regulación, afirmando que discrimina a los productores agrícolas. Klaus Frerking, presidente de la CAO, indicó que el incremento del precio del diésel para los grandes consumidores es perjudicial y podría intensificar la especulación y el contrabando. Frerking destacó que el agro solo consume el 16% del diésel nacional, por lo que el desabastecimiento de alimentos no debería ser responsabilidad del sector agrícola.
La CAO ha propuesto que el Gobierno considere la compra de etanol nacional como una alternativa para mitigar el impacto de esta medida, y reclama igualdad de condiciones para todos los sectores económicos. Aramayo, en respuesta a las críticas, sugirió que hay una mala interpretación del decreto y propuso abrir un diálogo con los afectados para aclarar los objetivos de la norma.
La reacción no se limitó al sector agropecuario. La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) también expresó su desacuerdo con el decreto, argumentando que no se consultó adecuadamente y que el precio fijado resulta excesivo. Además, los choferes han advertido que la medida podría repercutir en un aumento de las tarifas del transporte, incrementando así los costos para los consumidores finales.
Por su parte, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba anticipó un impacto significativo en los costos operativos del sector formal, aunque reconoció la necesidad de ajustar las tarifas para sincerar la economía. En tanto, el vicepresidente Edmand Lara pidió una reevaluación del decreto y la apertura de un diálogo con todos los sectores involucrados, haciendo énfasis en las consecuencias que podría tener en los precios para las familias bolivianas.
Finalmente, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que se están tomando medidas para garantizar el abastecimiento de combustibles en el país y que las filas por gasolina se resolverán en un plazo de dos a tres días. Sin embargo, las tensiones en torno a la regulación del diésel continúan, y el debate sobre la sostenibilidad del modelo energético en Bolivia sigue abierto.