El presidente Rodrigo Paz, desde Estados Unidos, lideró un gabinete virtual en el cual se anunció el Decreto Supremo 5727. Este decreto establece como prioridad la reorganización, disolución o liquidación de diversas empresas públicas del nivel central.
El ministro de Economía, Christian Andrés Morales, indicó que se prevé el cierre de entre 8 y 10 empresas en un futuro cercano, asegurando que este proceso no interrumpirá las operaciones actuales de estas entidades.
Según el Artículo 2 del nuevo decreto, esta reorganización se llevará a cabo tomando en cuenta un diagnóstico técnico realizado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
El ministerio encargado deberá presentar las gestiones necesarias para un nuevo decreto o un anteproyecto de ley en un plazo máximo de 15 días hábiles tras recibir la aprobación del COSEEP.
Es importante destacar que la disolución o liquidación de las empresas públicas no se verá afectada por investigaciones o auditorías que se realicen, y los responsables de la gestión de estas entidades no quedarán eximidos de sus responsabilidades.
Las medidas adoptadas reflejan un enfoque hacia la mejora de la gestión pública y la eficiencia en el uso de recursos del Estado, en un contexto donde se busca reducir el gasto estatal y optimizar el funcionamiento de las empresas.