En un giro inesperado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Hernán Paredes, anunció que el Decreto Supremo 5676 no será anulado, a pesar de haber indicado anteriormente en Yapacaní que se gestionaría su abrogación. Esta norma ha sido objeto de críticas por parte de sectores productivos debido a su impacto en el precio y suministro del diésel.
Durante una declaración en La Paz, Paredes mencionó que, aunque no se derogará, existe la posibilidad de realizar modificaciones a la normativa. Además, indicó que el gabinete tiene un plazo de 48 horas para elaborar un informe con posibles alternativas a seguir.
Es posible que lo vamos a modificar, pero no lo vamos a abrogar.
Este cambio en la posición del gobierno contrasta con lo prometido a los sectores movilizados de Yapacaní. Estos grupos habían interpretado el anuncio de una posible abrogación como parte de los acuerdos negociados para levantar un bloqueo temporal.
Paredes defendió la intención detrás del decreto, afirmando que su objetivo es correcto y que solo requiere ajustes para asegurar que el acceso al combustible subvencionado sea efectivo, tanto para pequeños productores como para el transporte público. "Lo que hay que hacer es hacer ajustes para que eso sea efectivo porque ahorita no se están cumpliendo esos objetivos", concluyó.