El Ejecutivo ha determinado la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días. Esta decisión responde a las deficiencias observadas en sus operaciones y busca reforzar la logística en la importación y distribución de carburantes.
La intervención está regulada por el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, el cual también establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión será responsable de supervisar la gestión de la empresa estatal durante el tiempo que dure la intervención.
Posibilidad de extensión y condiciones de finalización
La duración de la intervención puede ser prorrogada una vez, hasta por 90 días adicionales, mediante una resolución del Ministro de Hidrocarburos, siempre que las causas que motivaron la intervención se mantengan. También existe la posibilidad de que la intervención finalice antes de los 180 días si se superan las condiciones que llevaron a su implementación.
El decreto menciona que las deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de combustibles representan un riesgo para la seguridad energética y el interés público, lo que justifica esta intervención.
Composición de la Comisión
La Comisión de Intervención estará conformada por los ministros o representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas y el Viceministro de Transparencia. Su enfoque será mejorar aspectos relacionados con la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre las tareas de la comisión se incluyen la recomendación de auditorías técnicas para detectar irregularidades como contrabando y desvío de combustibles, así como identificar a los responsables involucrados en estas actividades. También podrá sugerir la incorporación de expertos y solicitar apoyo de entidades de control.
El personal administrativo y técnico de YPFB deberá proporcionar la información requerida por la comisión en los plazos establecidos. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear sanciones administrativas o penales.
Además, la comisión podrá recomendar auditorías en diferentes áreas y, si se identifican responsabilidades, se elaborará un informe que será enviado a las autoridades competentes, incluyendo la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público.
Finalmente, el decreto aclara que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación ya que cualquier gasto se cubrirá con los presupuestos de las entidades que integran la comisión, en un marco de austeridad fiscal.