El Gobierno de Bolivia ha calificado como "muy graves" las acusaciones formuladas por Estados Unidos en contra del fiscal general del Estado, Roger Mariaca. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, indicó que las restricciones de visa impuestas a varios ciudadanos bolivianos, incluidos altos funcionarios, son un desafío para la institucionalidad democrática del país.
Aramayo expresó que el Ejecutivo respetará la independencia de las instituciones y se comprometió a colaborar en las investigaciones necesarias. En una rueda de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo, enfatizó la importancia de actuar de manera transparente y fundamentada en evidencia.
La afirmación del Gobierno se dio a conocer tras el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la restricción de visa a 12 ciudadanos bolivianos, entre los que se encuentran no solo a Mariaca, sino también a jueces, fiscales, un coronel de la Policía Boliviana y un exejecutivo de la Aduana Nacional.
Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad. Por eso es que también se pedirá, como corresponde, a través de las instancias competentes, información complementaria, elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, acentuó que las acusaciones sobre corrupción y vínculos con el narcotráfico deben ser aclaradas a través de procesos basados en evidencias y con la cooperación internacional adecuada. Aseguró que se solicitará formalmente información desde el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los motivos de las restricciones impuestas por EE.UU.
Justiniano también recordó que el fiscal general, Mariaca, fue designado por la Asamblea Legislativa, lo que significa que cualquier decisión respecto a su continuidad en el cargo debe seguir los procedimientos establecidos por dicho órgano. Se mostró respetuoso del funcionamiento independiente de cada institución y pidió no politizar el asunto hasta obtener información concreta.
Por su parte, Aramayo reiteró que el enfoque del Gobierno es mantener una lucha decidida contra el narcotráfico y la corrupción, asegurando el respeto a la democracia y al Estado de derecho. El Gobierno está preparado para enfrentar este desafío y colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer la situación.