El Gobierno de Bolivia, bajo la dirección de Rodrigo Paz, está considerando llevar a cabo una reducción de diversos subsidios estatales, además de la anulación del subsidio a los combustibles. Esta revisión se enmarca dentro del acuerdo económico previamente establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo con el FMI incluye un plan de ajuste fiscal que busca reducir de manera progresiva las subvenciones y el gasto público, con la finalidad de abordar el déficit del sector público, considerado uno de los mayores desafíos de la economía nacional. El ajuste fiscal proyecta una reducción equivalente a aproximadamente 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2026 y 2029.
Uno de los aspectos más delicados de este acuerdo es el referente a los precios de los combustibles. De acuerdo con el memorando, los precios internos se mantendrán durante 2026, pero a partir de enero de 2027 se espera que se ajusten hacia niveles que reflejen los costos reales, lo que significa que el presupuesto del Estado ya no incluirá recursos para subsidiar estos productos.
El alcance de la revisión no se limita únicamente a los combustibles. La hoja de ruta también propone la eliminación gradual de los controles de precios, que incluyen aquellos sobre alimentos y energía, así como una racionalización de la inversión pública, disminución del gasto estatal y reestructuración de empresas públicas que no sean financieramente sostenibles.
El Gobierno ha afirmado que estas medidas forman parte de un programa de estabilización de las finanzas públicas que se extenderá por 36 meses. El acuerdo con el FMI prevé un financiamiento cercano a los $us 1.900 millones, con la expectativa de atraer fondos adicionales de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La preocupación principal radica en el impacto que estas medidas de ajuste podrían tener sobre la población. Mientras el Gobierno busca disminuir la carga de las subvenciones en las cuentas públicas, la reducción o eliminación de estos apoyos podría trasladar los costos reales de la energía y otros servicios a los consumidores y empresas bolivianas.
Con la revisión de otros subsidios, el acuerdo con el FMI abre un nuevo frente de ajuste que tiene el potencial de afectar directamente el bolsillo de los bolivianos, más allá de los ya impactados precios del diésel y la gasolina.