El 1 de octubre de 2026, el vocero del Gobierno, José Luis Gálvez, denunció que el Ministerio Público ha bloqueado el acceso a las nuevas denuncias ciudadanas, lo cual ha generado una crisis institucional tras la detención del exfiscal Róger Mariaca, acusado de narcotráfico.
La situación se desencadenó tras la aprehensión de Róger Mariaca y Alberto Zeballos en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, luego de que ambos fueran incluidos en una lista de sanciones del Departamento de Estado de EE. UU. Gálvez mencionó que Luis Montaño Morales ha asumido interinamente el cargo de fiscal general tras la salida definitiva de Mariaca.
Gálvez afirmó que Montaño ha intentado destituir a los fiscales en funciones, incluyendo al fiscal de materia Juan Pablo Mazzone, justo cuando debía interrogar a los detenidos, lo que revela una intención de obstaculizar el proceso judicial.
De acuerdo con el Gobierno, la interrupción del sistema informático del Ministerio Público está diseñada para paralizar los procedimientos legales contra los aprehendidos. En contraste, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado señalando que la asunción de Montaño fue conforme a la normativa vigente, dado su estatus como fiscal superior más antiguo.
Romel Ipamo, abogado de Mariaca, expresó que su cliente colaborará con la investigación y solicitó el respeto al debido proceso. Mariaca, por su parte, ha rechazado las acusaciones estadounidenses, considerándolas una forma de presión política.
La crisis se intensificó el 30 de septiembre, cuando las autoridades detuvieron a Mariaca y Zeballos, resultando en la aprehensión de 14 personas, incluidos fiscales y policías, involucrados en el intento de retirar grandes sumas de dinero de la residencia de Mariaca.
La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a asegurar la atención adecuada a los ciudadanos y a garantizar el respeto al debido proceso en la transición del fiscal general, recordando que la Constitución otorga autonomía a la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones.