Desde su promulgación en 2012, la Ley 260 del Ministerio Público estableció un marco claro para la designación de fiscales departamentales a través de un proceso público y competitivo. Sin embargo, los exfiscales generales Ramiro Guerrero, Luis Lanchipa y Roger Mariaca ignoraron esta ley durante sus respectivas gestiones, que abarcaron desde 2012 hasta 2026. Esta irregularidad se extendió por 14 años, poniendo en evidencia la falta de compromiso con la institucionalización del Ministerio Público en Bolivia.
Guerrero, quien ocupó el cargo de fiscal general desde 2012 hasta 2018, fue criticado por su ineficiencia y su falta de iniciativas para modernizar la institución. A pesar de ser el primer fiscal elegido bajo la nueva constitución, dejó sin resolver importantes casos de corrupción y conflictos sociales, lo que generó un amplio rechazo en la oposición política de aquel momento.
Lanchipa, que asumió en 2018, intentó justificar su incumplimiento de la ley argumentando que la institucionalización se abordaría en el futuro. Sin embargo, su gestión se limitó a promesas mediáticas y a la implementación de programas que no cumplían con los requisitos de la Ley 260. Al finalizar su mandato, declaró que había dejado un Ministerio Público moderno, a pesar de las evidencias en contra.
Mariaca, quien tomó posesión en 2024, también heredó esta problemática. Al poco tiempo de asumir, fue cuestionado por la falta de avances en la institucionalización y, a pesar de anunciar planes para corregir esta situación, su gestión se vio ensombrecida por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, que culminaron con su detención en 2026.
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- Caso LaMia
- Crisis del agua en La Paz-EPSAS
- Asesinato de Rodolfo Illanes
- Desfalco al Banco Unión
- Caso bebé Alexander
- El proceso de institucionalización fue solo mediático.
- Las convocatorias para fiscales de carrera resultaron en un proceso desierto en 2021.
- Anunció la necesidad de un programa de formación, pero no avanzó en la aplicación de la ley.