Este lunes, familiares de 53 personas que desaparecieron tras detenciones militares en Ecuador llevaron a cabo un plantón frente al Ministerio de Defensa en Quito, demandando información sobre el paradero de sus allegados. Además, solicitaron formalmente documentos militares que podrían ayudar a esclarecer el destino de estos individuos, cuya situación ha generado gran preocupación.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Comité de Familiares por Verdad y Justicia por los Desaparecidos manifestaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado ecuatoriano a proporcionar datos sobre 26 casos específicos de personas desaparecidas, lo que ha aumentado la presión sobre las autoridades.
Fernando Bastías, abogado del CDH, indicó que esperarán un plazo de 40 días para recibir respuestas antes de considerar llevar el caso ante la Corte Constitucional, en caso de que no se cumpla con la entrega de información solicitada.
Las solicitudes de información realizadas por las familias, así como por diversas organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía, han sido rechazadas por el Ministerio de Defensa, lo que ha generado un clima de frustración y desesperanza entre los afectados.
La CIDH otorgó una medida cautelar en diciembre de 2025 a favor de las 26 personas desaparecidas y otras seis mujeres que se encuentran en la búsqueda activa de sus seres queridos. En junio de 2026, el organismo volvió a discutir el asunto con representantes del Gobierno ecuatoriano y las organizaciones que están detrás de la denuncia.
Las familias afirman que sus seres queridos fueron detenidos o vistos por última vez durante operativos militares, que se llevaron a cabo tras la declaración de un conflicto armado interno por parte del Gobierno, que involucró a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Este suceso resalta la urgencia de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en situaciones de conflicto, donde la rendición de cuentas es esencial para restablecer la confianza en las instituciones del Estado ecuatoriano.