El caso de Fritz Juniors Gironda Aquize, un exteniente de Infantería, ha suscitado una serie de cuestionamientos sobre su desvinculación del Ejército y los plazos administrativos correspondientes. Gironda está ligado a una investigación que lo relaciona con Fernando Cerimedo, quien es sospechoso de realizar operaciones financieras irregulares.
Gironda fue detenido el viernes tras eludir un operativo en una casa de cambios en la zona Sur de La Paz, que es objeto de investigación por sus supuestos vínculos con Cerimedo. La Fiscalía alega que en ese lugar se habrían realizado transacciones por sumas significativas, y se menciona que Gironda habría huido con una bolsa que, se presume, contenía dinero en efectivo.
El Ejército aclaró que Gironda ya no es parte de sus filas. En un comunicado, se indicó que el exmilitar había solicitado su baja de manera voluntaria, la cual fue aprobada por el Tribunal del Personal en mayo de 2026. La institución enfatizó que cualquier acción posterior a su retiro es de carácter personal y no involucra al Ejército.
No obstante, documentos previos revelan que Gironda fue mantenido en la lista activa del Ejército, lo que plantea la necesidad de investigar cómo se gestionó su desvinculación. Un informe de Visión 360 indica que en 2025 figuraba en registros de personal activo y que había recibido observaciones por no presentar declaraciones juradas ante la Contraloría.
La situación se volvió más crítica luego de que Gironda escapara de la acción policial y luego fuera recapturado. Su abogado, Héctor Tapia, argumentó que su cliente pensó que era víctima de un asalto y negó que tuviera relación con Cerimedo.
La Fiscalía está llevando a cabo una investigación por posible enriquecimiento ilícito, solicitando la detención preventiva de Gironda. Además de esclarecer su presunta implicación en las actividades delictivas, se busca determinar si existió alguna tardanza administrativa en su baja y si durante ese tiempo continuó recibiendo salarios del Estado.