La eliminación de la subvención a los hidrocarburos representaría un cambio crucial en la gestión financiera del Estado boliviano. Según el analista Jaime Bravo, esta decisión podría generar un ahorro anual de entre $us 2.400 y $us 3.000 millones, dependiendo de las oscilaciones en los precios internacionales de los combustibles.
En la actualidad, el gobierno destina cerca de $us 55 millones semanales para la adquisición de combustibles subsidiados. Bravo enfatiza que la eliminación de este gasto tendría un impacto inmediato en el déficit fiscal del país.
El analista también advirtió que aunque el retiro de la subvención es necesario, podría traer consigo un aumento en los precios de los combustibles, lo que a su vez podría generar inflación, disminuyendo así el poder adquisitivo de las familias bolivianas y afectando el empleo.
Propuestas para mitigar el impacto económico
Para contrarrestar los efectos negativos que podría tener la eliminación de la subvención, Bravo sugiere que el gobierno implemente varias medidas, entre ellas:
Además, propone reducir los impuestos a la importación de combustibles a fin de disminuir el impacto en los precios finales y facilitar la entrada de carburantes por parte del sector privado. También recomienda un ajuste en el gasto público y una revisión de las empresas estatales con pérdidas.
Por otro lado, el Ministerio de Hidrocarburos ya ha comenzado a establecer mecanismos que permitirán la importación de petróleo, así como su procesamiento en refinerías bolivianas y la venta de derivados a precios de mercado, sin la necesidad de subsidios estatales. Asimismo, se proyecta un aumento en la producción nacional de gasolina y diésel con la reactivación de las refinerías y la importación de crudo.