El Gobierno liderado por Rodrigo Paz ha planteado la opción de extender el estado de excepción en Bolivia ante la persistencia de bloqueos y la posibilidad de nuevas movilizaciones en contrariedad al Decreto Supremo 5676, que regula los precios y la subvención de los combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si las manifestaciones que obstaculizan la circulación continúan, el Ejecutivo podría considerar la expansión de esta medida. La intención es evitar que se repitan los conflictos de mayo y junio, que duraron varias semanas y perjudicaron la provisión de alimentos, combustibles y medicamentos.
Por su parte, José Luis Gálvez, vocero del Gobierno, aclaró que, por el momento, no se prioriza la ampliación del estado de excepción. Enfatizó que la medida sigue vigente y que las autoridades deben encargarse de hacerla cumplir y sancionar a quienes bloqueen las vías.
El estado de excepción fue declarado por Paz el 20 de junio a través del Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, lo que implica que su vigencia se extiende hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier posible ampliación requeriría la autorización de la Asamblea Legislativa, conforme a los especialistas en derecho.
El contexto de esta discusión se intensificó debido a que varios sectores han reactivado bloqueos y anunciado nuevas movilizaciones. Un punto de conflicto notable es el puente San Pablo en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores llevan a cabo una protesta por tercer día consecutivo, exigiendo, entre otros reclamos, la liberación de detenidos.
Desde la oposición han surgido críticas hacia el Ejecutivo. Algunos legisladores sostienen que el Gobierno debería hacer cumplir el estado de excepción actual antes de considerar su extensión. Sin embargo, desde el oficialismo se está promoviendo una propuesta para prorrogarlo por seis meses, argumentando la posibilidad de conflictos sociales y emergencias.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha señalado que el estado de excepción es una herramienta transitoria que no aborda las causas profundas de la conflictividad social. En este sentido, instó a priorizar el diálogo y a atender las demandas que podrían desencadenar nuevas protestas.
Por el momento, el Ejecutivo mantiene abierta la opción de extender el estado de excepción, aunque no hay una decisión concreta. La posibilidad de esta extensión dependerá de cómo se desarrollen los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como del procedimiento que establece la ley para una posible prolongación.