El 22 de septiembre de 2026, el Ministerio de la Presidencia informó que, tras la eliminación de la subvención al diésel, el 80,3% del parque automotor de servicio público en Bolivia no se verá afectado por esta decisión. Los datos provienen de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
De acuerdo con las cifras, solo el 19,7% de los vehículos de transporte público utiliza diésel exclusivamente, lo que equivale a cerca de 39.880 vehículos. En contraste, 67.815 vehículos funcionan únicamente con gasolina, 29.290 utilizan gas natural vehicular (GNV) y 65.197 operan con una combinación de GNV y gasolina.
El total de vehículos de servicio público contabilizados es de 202.182. De estos, casi la mitad, un 46,7%, ya utiliza GNV, un combustible que continúa con su subvención, haciendo que 94.487 vehículos tengan la posibilidad de operar con esta modalidad.
La decisión de eliminar la subvención al diésel busca erradicar problemas como el contrabando y la corrupción que se han desarrollado en torno a la distribución de combustibles, además de poner fin al derroche económico que ha afectado al país durante más de 20 años.
Durante años, este sistema de precios de combustibles ha permitido mantener artificialmente un precio interno, con un costo elevadísimo para la sociedad y la ciudadanía.
Hasta diciembre de 2025, Bolivia contaba con un parque automotor de 2.672.176 vehículos, de los cuales solo 129.148 pertenecen al servicio público, representando un 4,8% del total. Esto muestra que el 93,7% de los automóviles que se benefician del combustible subvencionado son particulares, lo que indica que la subvención favorecía más a sectores con mayores ingresos.
El Ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que este mecanismo, aunque tenía una función económica y social, también generó distorsiones significativas, beneficiando principalmente a quienes menos lo necesitaban. La eliminación del subsidio representa un paso clave hacia la estabilidad económica del país, permitiendo que los $us 2.600 millones anuales que se gastaban en subsidios se destinen a infraestructura y servicios esenciales.