La anulación de la visa de Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, fue anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo acusó de estar involucrado en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, Mariaca habría aceptado sobornos durante su gestión para facilitar actividades delictivas y permitir que criminales eludieran la justicia.
Esta decisión se inscribe en una política migratoria más amplia de EE.UU., que busca restringir el ingreso a su territorio de funcionarios y exfuncionarios de varios países de América Latina señalados por corrupción o por vínculos con el narcotráfico. En total, la revocatoria afectó a 12 ciudadanos bolivianos con visas vigentes, incluyendo a otros funcionarios como el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado Israel Campero.
Impacto de la decisión en Bolivia
El Departamento de Estado manifestó que las acciones de Mariaca representan un riesgo para los esfuerzos de EE.UU. en la lucha contra el narcoterrorismo y perjudican a las instituciones democráticas que Bolivia intenta fortalecer como parte de la iniciativa Escudo de las Américas. La medida también afecta a los familiares directos del fiscal general.
En respuesta a estas acusaciones, Mariaca negó cualquier irregularidad y consideró que la revocación de su visa podría ser una forma de presión política por parte de Estados Unidos. Desde Sucre, expresó que respeta la soberanía de EE.UU., pero solicitó que se respete también la independencia de las instituciones bolivianas.
El fiscal general defendió las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, señalando que ninguna presión, ya sea nacional o internacional, detendrá la labor del mismo. Destacó que "investigar no significa condenar", insistiendo en que corresponde a las instituciones determinar la veracidad de los hechos y establecer responsabilidades.
Es importante señalar que esta decisión de las autoridades estadounidenses es una medida migratoria y no una sentencia judicial. Las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado son parte de la justificación de la revocación y no constituyen un veredicto formal en contra de Mariaca.