En el contexto boliviano, los padres pueden legalmente solicitar el desalojo de sus hijos que hayan alcanzado la mayoría de edad, es decir, aquellos que superan los 18 años. Sin embargo, es fundamental que este proceso se lleve a cabo a través de la vía judicial, considerando las particularidades de cada situación familiar.
El abogado Roberto Orellana explica que un factor que podría motivar a los padres a solicitar el desalojo es la falta de independencia de sus hijos, como en los casos donde estos no estudian ni trabajan. En tales circunstancias, los progenitores podrían argumentar que ya no están en condiciones de mantener su situación en el hogar.
Para llevar a cabo el desalojo, el propietario de la vivienda debe presentar una demanda ante un juez civil. En un primer momento, se puede intentar que el hijo abandone el lugar de forma voluntaria. Si se niega a salir, se puede solicitar una orden judicial que permita realizar el desalojo con la asistencia de la policía.
Orellana también advierte que los padres no deben intentar hacer el desalojo por su propia cuenta, como romper candados o sacar pertenencias del hijo a la calle, ya que estas acciones podrían resultar en una denuncia en su contra.
Sin embargo, existen excepciones donde el desalojo podría no ser viable. Por ejemplo, los hijos menores de 18 años gozan de protección legal, así como aquellos con discapacidad, en cuyo caso se debe evaluar cuidadosamente la situación particular antes de proceder legalmente.
El especialista enfatiza que cada familia enfrenta circunstancias únicas y que es prudente analizar el contexto antes de involucrarse en un proceso judicial. Además, aclara que mientras los padres estén vivos, sus hijos adultos no pueden reclamar derechos hereditarios sobre la propiedad familiar.
Finalmente, Orellana subraya que en Bolivia no se reconoce la herencia hasta que los padres fallecen, por lo que siempre tienen el derecho legal de solicitar que sus hijos mayores abandonen el hogar si así lo desean.