Las movilizaciones convocadas por grupos afines a Evo Morales han despertado críticas, especialmente de Guadalupe Cárdenas, ex representante de las esposas de Policías, justo en medio del estado de excepción vigente y las advertencias del Gobierno sobre posibles bloqueos. Los manifestantes se oponen a decisiones económicas del Ejecutivo, como la eliminación de la subvención al diésel y ciertas regulaciones sobre las empresas estatales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que han surgido indicios que apuntan al origen de los fondos utilizados para sostener los 53 días de bloqueos que ocurrieron entre mayo y junio. Además, Oviedo reiteró una supuesta conexión entre las movilizaciones y estructuras criminales, aunque resaltó la necesidad de aportar pruebas concretas para respaldar estas afirmaciones.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que las manifestaciones pacíficas son permitidas, pero enfatizó que no se tolerarán bloqueos que interrumpan el tránsito, el suministro de alimentos y medicamentos, o que pongan en peligro la seguridad pública. Aclaró que cualquier acción de intervención debe ajustarse a la normativa legal vigente.
Existen también cuestionamientos sobre incidentes de violencia reportados contra la Policía en protestas pasadas. Sin embargo, se subraya que cualquier hallazgo sobre responsabilidades y financiamiento irregular de las manifestaciones debe ser corroborado con evidencia clara, evitando asumir culpabilidades sin que concluyan las investigaciones.
A pesar de las críticas, los sectores que apoyan a Morales mantienen su intención de trasladarse a La Paz, aunque hasta el 12 de octubre no habían concretado una fecha para la marcha. La Policía ha anunciado que implementará controles en las carreteras y coordinará esfuerzos con las Fuerzas Armadas para prevenir posibles enfrentamientos y asegurar la libre circulación.