El Gobierno liderado por Rodrigo Paz ha implementado el Decreto Supremo 5693, que permite adoptar medidas excepcionales para entidades financieras que enfrenten dificultades de solvencia hasta el 31 de julio de 2026. La intención es prevenir un deterioro mayor en el sistema financiero y asegurar la continuidad de sus operaciones.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta medida es la posibilidad de utilizar el Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026, que originalmente se financia con el 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y las entidades PYME. Este fondo tiene como finalidad principal facilitar el acceso al crédito, especialmente para la vivienda social y proyectos productivos.
Con el nuevo decreto, se habilita a este fondo a emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para aquellas entidades financieras que presenten problemas de solvencia. Estos certificados estarán vigentes por un período máximo de 90 días, lo que implica que recursos que debían ser destinados a garantizar el acceso al crédito se utilizarán temporalmente para fortalecer el capital de los bancos.
Esto plantea un interrogante significativo: si las entidades necesitan acudir a un mecanismo extraordinario para mejorar su solvencia, ¿qué tan grave es la situación en el sistema bancario? Aunque no necesariamente indica una crisis bancaria sistémica, resalta la necesidad de obtener información clara de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Gobierno.
El impacto político y social de esta decisión es evidente: el dinero que se debería destinar a facilitar el acceso a vivienda y créditos productivos ahora también puede ser redirigido temporalmente para apoyar a entidades financieras. Este fondo fue creado con el propósito de facilitar el acceso a vivienda de interés social, incluso para cubrir parte del aporte inicial que requieren los bancos.
Queda por analizar si el Gobierno busca proteger el sistema financiero ante una potencial crisis mayor o si, por el contrario, está sacrificando recursos que deberían estar destinados a la vivienda y la producción para solucionar problemas de solvencia de los bancos.