La vigencia del Estado de excepción en Bolivia finaliza el 18 de septiembre, lo que ha desencadenado un intenso debate sobre su posible extensión. La medida, que prohíbe bloqueos en todo el país, se discute en contextos de inminentes movilizaciones previstas para octubre.
Lissa Claros, diputada del partido Libre, enfatizó que corresponde a la Asamblea Legislativa tomar una decisión, pero subrayó que esta debe basarse en un informe del Ejecutivo y una solicitud formal. "Esta prerrogativa es de la Asamblea Legislativa. Primero, se necesita un informe. Debería venir Rodrigo Paz a explicar cómo se han evaluado estos tres meses", afirmó al criticar la posibilidad de que la decisión se tome únicamente desde una comisión.
Claramente, la diputada consideró "irresponsable" que se busque ampliar la medida sin un análisis completo por parte de todos los miembros de la ALP. Insistió en que la discusión debe ser amplia y no limitarse a un grupo reducido.
Por otro lado, el diputado Alejandro Medinaceli del Partido Demócrata Cristiano (PDC) defendió la prórroga del Estado de excepción, argumentando que no es una decisión del gobierno, sino una respuesta a solicitudes de varias organizaciones sociales preocupadas por las posibles movilizaciones que podrían afectar la economía nacional. Dijo: "Se han recibido inquietudes ante anuncios de movilizaciones en las próximas semanas".
Medinaceli destacó que, dada la situación actual, la ampliación del Estado de excepción se vuelve necesaria para prevenir cualquier impacto negativo en la economía del país, subrayando la "importancia y necesidad de ampliar la medida" ante la especulación de futuras protestas.