La medida de Estado de Excepción implementada por el Gobierno de Rodrigo Paz facilitó la liberación de las principales carreteras del país, que habían estado bloqueadas durante más de 50 días. Sin embargo, esta acción no ha logrado mitigar el conflicto social, ya que diversos sectores ya están organizando nuevas movilizaciones y bloqueos en respuesta a las políticas del Ejecutivo.
El 1 de septiembre, la Confederación Sindical de Choferes anunció que podrían iniciar movilizaciones una vez finalizado el Estado de Excepción, citando problemas continuos en el abastecimiento de combustibles. Su líder, Lucio Gómez, criticó el Decreto Supremo 5676, señalando que las filas en las estaciones de servicio han aumentado.
El descontento también proviene de otros sectores como productores, transportistas, organizaciones campesinas y grupos cívicos, quienes han expresado su intención de llevar a cabo diversas acciones en contra del DS 5676. En el Trópico de Cochabamba, se ha programado una marcha para el 4 de septiembre y la Federación Norte de San Julián anunció que comenzará un bloqueo a partir de este miércoles.
El Gobierno defiende que el Estado de Excepción ha permitido restablecer la circulación en las carreteras y advierte que la Policía se encargará de hacer cumplir la medida si el diálogo no prospera. Sin embargo, despejar las vías no implica que se hayan resuelto las causas subyacentes que llevaron a los sectores a bloqueárselas.
Con el Estado de Excepción vigente hasta el 20 de septiembre, surge una interrogante crucial: ¿realmente el Gobierno ha desactivado la crisis o simplemente ha ganado tiempo al desbloquear las rutas?