Marco Antonio Oviedo, actual ministro de Gobierno, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a la grave crisis de seguridad que afecta a Bolivia. En mayo, tras una serie de asesinatos en Santa Cruz, lanzó el Plan Halcón, prometiendo una "lucha sin cuartel" contra la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, cuatro meses después, se ve obligado a reconocer que la situación no ha mejorado y que el país enfrenta una "ola de sicariatos".
El 6 de mayo, Oviedo presentó el Plan Halcón como una estrategia conjunta entre la Policía, las Fuerzas Armadas y otras entidades para abordar el crimen organizado, señalando a Santa Cruz como el "epicentro" de estos delitos. En ese momento, aseguró que el Gobierno no cesaría en sus esfuerzos hasta erradicar estas prácticas.
A pesar de las promesas, la violencia ha persistido. Un recuento realizado en mayo contabilizaba más de diez casos de sicariato tras la captura y extradición de Sebastián Marset, incluyendo asesinatos en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, que evidenció el poder de las organizaciones criminales.
El 2 de septiembre, Oviedo admitió públicamente que "hay una ola de sicariatos, no lo vamos a ocultar". Anunció la creación de unidades de alto nivel en la frontera con Brasil y una mayor cooperación con fuerzas policiales de países vecinos para enfrentar este problema.
Las estadísticas más recientes revelan la gravedad de la situación: hasta el 3 de septiembre se registraron 46 muertes en 37 ataques clasificados como ejecuciones o sicariatos. Las autoridades indican que no todos estos hechos están vinculados al narcotráfico, y sugieren que muchos se deben a disputas entre bandas criminales y el control de rutas hacia Brasil.
Las declaraciones del ministro Oviedo han suscitado cuestionamientos sobre su gestión. Inicialmente, lanzó una ofensiva contra el sicariato y presentó el Plan Halcón como solución, pero con el aumento de los asesinatos, ahora se ve obligado a admitir que la problemática se ha convertido en una "ola". Ya no se trata únicamente de identificar a los autores de cada asesinato, sino de evaluar la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno.
Oviedo ha atribuido en parte la crisis a problemas heredados de administraciones anteriores, señalando que los recientes crímenes son el resultado de dos décadas de expansión del narcotráfico, afirmando que Bolivia ha sido "perforada" por estas organizaciones.
La interrogante que persiste es clara: si el Gobierno tenía conocimiento desde mayo sobre la escalada de sicariato en Santa Cruz y lanzó un plan para contenerlo, ¿por qué cuatro meses después el ministro Oviedo reconoce que la ola de violencia sigue en aumento?