El presidente de la CAO, Klaus Frerking, destacó que el decreto en cuestión ha perjudicado al sector productivo, el cual genera millones de empleos y contribuye con más de 3.200 millones de dólares en divisas al año, además de representar el 16% del PIB nacional.
Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, advirtió que si no se abroga el decreto antes del domingo 30 de agosto, se llevará a cabo una reunión de la Asamblea de la Cruceñidad el lunes, donde se tomarán decisiones sobre cómo proceder.
En la cumbre en la que se discutió este tema, estuvo presente el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, quien junto a otras autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, expuso que el problema de abastecimiento de combustible está relacionado con la distorsión de precios, el contrabando y la existencia de un mercado negro.
Este decreto ha jugado en contra de estos números
Justiniano también rechazó la solicitud de abrogación, argumentando que si se elimina la norma, se generará el mismo resultado: "no habrá diésel". Esto refuerza la postura del gobierno de mantener el decreto a pesar de las protestas y solicitudes del sector productivo.