El caso de Caleb, un menor de tres años que sufrió un daño neurológico severo, está generando cuestionamientos sobre el régimen de custodia que le permitía a su padre llevarlo durante el día. Según la familia del niño, la madre también habría sido víctima de agresiones por parte del progenitor durante su relación.
Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ha solicitado que se investiguen las decisiones de las instituciones que intervinieron en el establecimiento del régimen de visitas. Ugarte enfatiza que es crucial revisar por qué se permitió que el niño estuviera bajo la custodia del padre.
La abuela materna de Caleb relató que, tras la separación de sus padres, el padre tenía permiso para llevarse al menor de 08:00 a 17:00, según lo estipulado por los juzgados y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, la familia había reportado previamente antecedentes de violencia doméstica.
En la actualidad, Caleb se encuentra en terapia intensiva tras ser sometido a una cirugía de emergencia por un hematoma subdural. Su estado es delicado, y su diagnóstico es reservado debido a las graves lesiones que presenta, según informó el director del hospital de Villa Dolores, Carlos Cortés.
El profesional de salud señaló que las características del hematoma deben ser analizadas en el marco de la investigación. "Las características del hematoma evidentemente no son agudas respecto a horas previas al suceso. Eso todavía tienen que determinar las investigaciones", afirmó Cortés.
El padre y la madrastra de Caleb permanecen en detención preventiva por un caso de tentativa de infanticidio. El progenitor está recluido en el penal de San Pedro, mientras que la mujer está en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La investigación no solo busca establecer responsabilidades por las lesiones del menor, sino también examinar cómo se decidió el régimen de visitas y si existieron señales de violencia previas.
Las autoridades deben determinar las medidas de protección que existían para Caleb y el nivel de intervención de las instituciones encargadas de asegurar su bienestar. Este caso plantea serias interrogantes sobre la eficacia de los procesos de custodia y protección infantil en Bolivia.