ECONOMÍA

Bolivia se posiciona con uno de los diésel más caros de Sudamérica

El reciente ajuste de precios tras eliminar la subvención ha colocado a Bolivia en el segundo lugar en cuanto a costo del diésel en la región. Este cambio marca un punto de inflexión en la política de subsidios que duró casi dos décadas.

Por Micaela Torrez · 22 de septiembre de 2026

El costo del diésel en Bolivia ha experimentado un cambio drástico, pasando de ser uno de los más económicos de Sudamérica a posicionarse entre los más altos de la región. Desde el 18 de septiembre, con la eliminación de la subvención, el precio se fijó en Bs 17,95 por litro, lo que equivale a aproximadamente $us 1,63. Esta cifra coloca al país en el segundo lugar, solo superado por Perú, donde el precio se sitúa en $us 1,96 por litro.

Históricamente, Bolivia mantuvo un precio de diésel de Bs 3,72 por litro durante casi veinte años, gracias a un sistema de subsidios que el Estado financiaba para cubrir la diferencia con el costo de importación. Sin embargo, en 2010, un intento de aumentar el precio a Bs 6,80 generó una fuerte reacción social y llevó a la reversión de la medida.

Este subsidio representaba una carga significativa para las finanzas públicas, alcanzando en 2023 un total de Bs 12.678 millones, de los cuales más de Bs 12.477 millones se destinaron a diésel y gasolina, según el Ministerio de Economía. El Gobierno justificaba esta política como una forma de mitigar el impacto de los precios internacionales sobre el transporte y el costo de vida de la población.

La situación comenzó a complicarse con la crisis de abastecimiento y la escasez de divisas para importar combustibles. En 2025, el desabastecimiento se agudizó, generando largas colas para conseguir diésel, afectando incluso a sectores productivos que dependen de este recurso para actividades como la siembra y el transporte.

Con la eliminación del subsidio, el Gobierno de Rodrigo Paz propone un sistema de precio único para el diésel. La administración actual sostiene que esta decisión busca aliviar la presión fiscal y abordar los problemas de abastecimiento. Este cambio simbólicamente pone fin a una política que mantuvo artificialmente bajo el precio del combustible, pero que resultó en una creciente presión sobre las finanzas del Estado.