El Gobierno nacional ha emitido un decreto supremo que regula la Ley 1680, el cual establece diversas medidas de atención y protección para aquellos niños y niñas que han quedado huérfanos a causa de feminicidios y otros crímenes contra la vida.
Durante la presentación de estas iniciativas, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, detalló que uno de los beneficios más relevantes es un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional para los menores beneficiarios.
Adicionalmente, los niños menores de cinco años recibirán un paquete alimentario mensual que corresponde al 20% del subsidio de lactancia. El decreto también garantiza acceso a servicios de salud y una inscripción inmediata en el sistema educativo.
Se contempla un proceso ágil para el traspaso escolar en caso de que los menores cambien de residencia, así como una prioridad en el acceso a becas en instituciones educativas privadas y universidades.
Contexto de violencia en el país
El anuncio de estas medidas ocurre en un momento crítico, dado que la Fiscalía General del Estado reporta 66 feminicidios en Bolivia hasta el 6 de octubre de este año, destacando que La Paz es el departamento con más casos, seguido por Cochabamba y Santa Cruz.
Según la Fiscalía, en el 98% de los casos, los responsables han sido identificados y, en la mayoría, están bajo prisión preventiva. Este decreto busca hacer efectivo el acceso a los beneficios establecidos en la Ley 1680 para los niños que han sufrido esta tragedia.
La reparación no termina con una sentencia. En nuestra visión, también significa proteger a los hijos de las víctimas.