Desde el inicio de 2026, San Ignacio de Velasco ha sido escenario de al menos 10 homicidios, según informes policiales y datos de Bolivia Verifica. Esta creciente ola de violencia ha motivado al Gobierno a aumentar la presencia de fuerzas del orden en este municipio fronterizo con Brasil.
Los cuatro asesinatos más recientes ocurrieron entre el 13 y el 14 de septiembre, donde se reportaron cuatro muertes en menos de dos días. En estos casos, dos personas fueron atacadas dentro de sus hogares durante la madrugada del 13, mientras que al día siguiente otros dos fueron asesinados en otro domicilio. Se sospecha que los atacantes utilizaron una videollamada para confirmar la identidad de una de las víctimas antes de proceder con el ataque.
La Policía ha identificado a siete presuntos miembros de un grupo vinculado al Comando Vermelho, que se cree estaría detrás de estos asesinatos en San Ignacio. Según el comandante de la Policía, Adrián Álvarez, estos crímenes podrían estar relacionados con conflictos entre organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, estas afirmaciones son preliminares y deben ser confirmadas en los procesos judiciales correspondientes.
Como resultado de las investigaciones, seis ciudadanos brasileños y un adolescente boliviano han sido arrestados, enfrentando cargos por asesinato, crimen organizado, asociación delictuosa y tráfico de armas. Los brasileños han sido remitidos al penal de Chonchocoro con detención preventiva.
En respuesta a la creciente violencia, el Gobierno ha desplegado unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (F-10), así como efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía en la región. Este martes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció la creación de una nueva unidad policial especializada, que operará en el corredor San Ignacio de Velasco-San Matías, con equipamiento especializado y apoyo de instructores internacionales, principalmente de Estados Unidos.
Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar quiénes orquestaron los asesinatos y quiénes fueron los ejecutores. Aunque la Policía ha señalado posibles conexiones con organizaciones criminales brasileñas, aún no se ha emitido una sentencia que establezca responsabilidades penales por estos actos violentos.