Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, presentó una defensa de la actuación del Gobierno en relación a los bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio, asegurando que el impacto de una crisis prolongada habría sido aún mayor.
Durante su intervención ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Aramayo expuso que los bloqueos resultaron en pérdidas económicas que superaron los Bs 14.000 millones, además de la eliminación de aproximadamente 250.000 empleos, tanto directos como indirectos. También se lamentó la muerte de 22 personas durante este periodo, de las cuales 19 no estaban involucradas en las protestas.
El ministro enfatizó que los bloqueos no fueron simplemente demandas sectoriales, sino intentos deliberados de socavar el orden democrático vigente y de interrumpir el mandato constitucional. En este contexto, justificó la implementación del Estado de Excepción, sosteniendo que su objetivo era facilitar el acceso a alimentos, combustible y oxígeno, así como proteger servicios esenciales.
Aparte de evaluar los efectos de la crisis anterior, Aramayo anunció que Bolivia ha solicitado el envío de una misión de observación policial a través de la RedPolOEA, buscando cooperación internacional para mejorar las capacidades de la Policía en situaciones de conflicto futuro.
La declaración de Aramayo vuelve a centrar la discusión en torno a los 53 días de bloqueos, donde el Gobierno argumenta que el costo fue inaceptable y que sus decisiones fueron necesarias. Por otro lado, los sectores movilizados mantienen que sus protestas estaban legitimadas por demandas económicas y sociales que persisten.
La inquietud ahora radica en cómo el Gobierno planea manejar la situación para prevenir que Bolivia enfrente nuevas paralizaciones en el futuro, considerando el alto costo que se ha reconocido tras los 53 días de conflicto.