La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha declarado que no ha autorizado actividades mineras a empresas extranjeras en La Asunta, ante los recientes enfrentamientos y la expulsión de personal de campamentos cercanos al río Boopi.
La AJAM enfatizó que ninguna entidad, ya sea municipal, departamental, comunal o privada, tiene la facultad de manejar recursos minerales sin pasar por los procedimientos requeridos.
"Son asociaciones ilegales, no tienen ningún tipo de autorización por parte del Estado".
En relación a la actividad minera en las orillas del río Boopi, se reportan aproximadamente 170 trámites o derechos mineros. De estos, solo siete son derechos preconstituidos, mientras que los restantes 164 están en proceso de trámite.
La AJAM aclaró que estas solicitudes no confieren el derecho a realizar actividades de explotación, lo que significa que la mayoría de las operaciones actuales son ilegales.
La autoridad también mencionó que el conflicto podría haber surgido a raíz de acuerdos entre algunos comunarios y empresarios extranjeros, sugiriendo que ciertos sectores de la comunidad habrían dado acceso a capitales chinos.
Sin embargo, la AJAM subrayó que cualquier acuerdo privado o comunitario no substituye la necesidad de una autorización estatal para la explotación de minerales.
La autoridad advirtió que cualquier contrato o acto que implique disposición de recursos minerales sin la debida autorización puede ser considerado un delito, lo que podría llevar a investigaciones penales.