El 29 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional y las alcaldías de las nueve ciudades capitales, junto a El Alto, firmaron un acuerdo en La Paz para desarrollar la Agenda 50/50. Este plan busca una metodología diferenciada que contemple la revisión de competencias y la implementación de nuevas normas y mecanismos de financiamiento para potenciar la gestión local.
El acuerdo se centra en tres ejes principales: libertades y eficiencia en la autonomía, reformas normativas, y acuerdos fiscales y de financiamiento. Durante la reunión, el presidente Rodrigo Paz enfatizó que el avance en la Agenda debe ser organizado, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y reducir el centralismo.
Uno de los aspectos destacados es la revisión de las competencias de los diferentes niveles de gobierno. Se busca identificar duplicidades, vacíos y cargas financieras, además de evaluar las necesidades de los municipios en áreas como salud, seguridad ciudadana, educación, y desarrollo económico.
En cuanto al financiamiento, se acordó analizar la estructura de ingresos de los municipios, que incluye transferencias y tributos propios, así como realizar auditorías sobre los recursos de coparticipación tributaria. También se establecerán nuevos criterios para la distribución de recursos, considerando factores como la capacidad fiscal y las necesidades básicas insatisfechas.
Entre los compromisos específicos, el Estado deberá proporcionar, en un plazo de 15 días, una respuesta sobre la aplicación del 12% del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera a las alcaldías. Esta evaluación será liderada por los Ministerios de Hidrocarburos y de Economía y Finanzas.
El documento adicionalmente contempla la desregularización de normas que limiten las competencias municipales, así como la promoción de alianzas público-privadas. Asimismo, se avanzará en la simplificación de trámites administrativos y en la creación de sistemas de información que faciliten la transparencia.
Las mesas técnicas seguirán trabajando de manera constante, organizadas en torno a los ejes definidos. El Gobierno proveerá información sobre finanzas públicas y presupuesto, mientras que los municipios compartirán sus datos socioeconómicos y de gestión.
Finalmente, el avance de la Agenda 50/50 se evaluará a través de indicadores que consideren la sostenibilidad y calidad de los servicios, y se adaptará a las particularidades de cada municipio, lo que permitirá la generación de legislaciones y acuerdos intergubernativos.