Un grupo de abogados ha presentado una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional Primera de La Paz con el objetivo de forzar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz, al que acusan de "traición a la patria" en el contexto de las controversias surgidas en el Gobierno por el caso de Fernando Cerimedo, un asesor argentino.
Wilmer Vásquez, uno de los abogados involucrados en esta acción, sostiene que la influencia de Cerimedo en el Palacio de Gobierno constituye una injerencia externa que compromete la soberanía del país. En declaraciones a UNITEL, el jurista afirmó que la presencia del asesor argentino en el alto mando del Ejecutivo es un indicativo de una intromisión que debería ser sancionada acorde a lo establecido en la Constitución.
Los accionantes habían solicitado previamente a la Cámara de Senadores que se proceda con el juicio, pero ante la falta de respuesta decidieron recurrir a la vía constitucional. Vásquez enfatizó que el hecho de que Cerimedo haya ocupado un puesto tan cercano al poder presidencial es motivo suficiente para considerar que se ha cometido un acto de traición a la patria, tal como lo establece el artículo 124 de la Constitución boliviana.
Según los demandantes, Cerimedo fue señalado como "asesor principal" del presidente en documentos encontrados durante allanamientos, donde se le atribuyó el uso de un correo oficial del Gobierno. Esto, afirman, evidencia su acceso privilegiado al despacho presidencial, lo que agrava la acusación de injerencia extranjera.
- Admitir la acción de cumplimiento con carácter urgente.
- Declarar la omisión de la Asamblea Legislativa al no responder a la solicitud inicial.
- Convocar a una sesión plenaria extraordinaria para tratar la acusación constitucional.
- Disponer el procesamiento inmediato del presidente y otros implicados.
- Implementar medidas cautelares sobre bienes de la familia Paz.
La acción también contempla acusaciones de corrupción, cohecho y tráfico de influencias en contra de la familia del presidente. Este escándalo se enmarca dentro de una creciente preocupación por la transparencia y la integridad en el gobierno boliviano, especialmente en un contexto donde los ciudadanos exigen rendición de cuentas.