Sebastián Marset, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de juicio tras su arresto el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, ha visto un nuevo giro en su caso. Su defensa ha llevado ante un tribunal estadounidense una moción para anular la incautación de cuatro cuentas de criptomonedas que están bajo el control de Tether, una plataforma situada en El Salvador.
Los abogados Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King, junto al uruguayo Santiago Moratorio, argumentan que la Fiscalía utilizó una justificación inapropiada para la incautación, ya que las cuentas no se encontraban en territorio estadounidense y el delito indicado en la orden de incautación no se correspondía con la acusación formal que enfrenta Marset.
El documento que solicitaron sus abogados destaca que la orden de incautación fue emitida el 23 de abril, fundamentándose en una supuesta investigación por narcoterrorismo. Sin embargo, aclaran que Marset solo está siendo investigado por un presunto lavado de activos, lo que consideran una discrepancia crucial en el proceso legal.
La defensa invoca la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de registros e incautaciones arbitrarias. Según los abogados, la incautación de las cuentas de Marset requería demostrar no solo que él había cometido un delito, sino también que los activos estaban directamente relacionados con ese delito.
Otro punto que cuestionan los abogados es la jurisdicción territorial de la orden. Sostienen que el documento no especificaba la ubicación de las cuentas ni justificaba la intervención de la justicia estadounidense sobre activos de una empresa radicada en El Salvador. Además, mencionan que la documentación presentada no indica que los servidores de Tether se encuentren en Estados Unidos.
La defensa también resalta que el informe de los agentes de la DEA no menciona actividades terroristas, a pesar de que el narcoterrorismo fue utilizado como argumento para la incautación. Por lo tanto, creen que la solicitud de los fiscales carece de base legal suficiente para llevar a cabo la incautación de los activos.
Ahora, la justicia estadounidense deberá revisar la moción presentada por la defensa y determinar si la orden de incautación cumplió con los requisitos legales necesarios para afectar cuentas de criptomonedas que se encuentran fuera de su jurisdicción.