El exministro José Gabriel Espinoza ha interpuesto una Acción de Amparo Constitucional ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto, en la que solicita que se suspenda la censura dictada en su contra por la Asamblea Legislativa, liderada por Edmand Lara y 165 asambleístas. Espinoza alega que su censura vulnera sus derechos fundamentales y que las resoluciones emitidas son contrarias a la Constitución.
La resolución que llevó a su destitución se produjo tras la censura emitida el 18 de agosto de 2026. Espinoza busca que se revoque esta resolución y reclama que, de ser restituido en su cargo, se presentará una demanda penal por prevaricato contra el juez que se pronuncie a su favor, según declaraciones del senador José Manuel Ormachea del partido Libre.
La audiencia relacionada con la acción de amparo está programada para el lunes 24 de agosto a las 16:00 horas, y se llevará a cabo de manera virtual. La diputada Susana Campos, quien participó en la interpelación, confirmó su asistencia y la de otros asambleístas, quienes defenderán la censura impuesta a Espinoza.
La censura de Espinoza se formalizó tres días después de que el presidente Rodrigo Paz firmara el Decreto Presidencial 5678, que eliminó la designación de Espinoza como ministro de Economía, nombrando a Óscar Mario Justiniano como su reemplazo interino. El decreto también menciona que está a la espera de la sentencia del Tribunal sobre la Acción de Amparo.
Espinoza argumenta que su censura es inválida, ya que no se realizó con la presencia de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, contraviniendo el artículo 158 de la Constitución. Además, sostiene que la censura no puede llevarse a cabo en ausencia del interpelado, afirmando que su falta a la sesión se debió a un viaje oficial para atender temas urgentes relacionados con el abastecimiento de combustibles en Santa Cruz.
Por su parte, la senadora María Elena Pachacute, quien participó en la interpelación, afirmó que la situación de Espinoza podría haberse evitado si éste hubiese asistido a la sesión. Resaltó que otros ministros asistieron a interpelaciones similares, mostrando la falta de compromiso de Espinoza con el control legislativo.
Los asambleístas que votaron por la censura critican la acción de amparo de Espinoza, considerándola una "chicanería jurídica". Aducen que la censura se realizó conforme a la legalidad y que no solo fue respaldada por la oposición, sino también por miembros del oficialismo, reflejando una acción de fiscalización legítima.
“Es absolutamente claro en el Reglamento General de la Cámara de Diputados y en la Constitución Política del Estado de que el ministro que sea interpelado, recibe por voto de dos tercios de los miembros presentes, no totales, sino presentes, la moción de censura.”