El senador José Manuel Ormachea ha elevado un pedido formal de arraigo y anotación preventiva contra el presidente Rodrigo Paz, su esposa, y otros funcionarios, en el contexto de las investigaciones que se llevan a cabo por el atentado armado que sufrió Nadia Beller en Santa Cruz. El ataque resultó en que Beller recibiera tres disparos, pero logró sobrevivir, mientras se indagan diversas hipótesis sobre lo sucedido y la posible implicación de terceros.
Este pedido de Ormachea se produce en un clima de creciente presión política sobre el Gobierno, especialmente por la relación cercana que existe entre el presidente Paz y Fernando Cerimedo, un consultor argentino que ha sido detenido en relación al ataque. Aunque el Ejecutivo ha declarado que Cerimedo no pertenece a la estructura oficial del Estado, su asesoría a Paz ha generado numerosas críticas.
Ormachea advirtió que si las acusaciones en torno al caso de Beller se comprueban, la administración de Paz podría enfrentar una fuerte inestabilidad política. El senador enfatizó que la reacción de la ciudadanía podría ser más intensa que en conflictos sociales anteriores, cuestionando la gravedad de la situación dado que involucra a alguien del entorno presidencial.
La investigación está en manos del Ministerio Público, y Cerimedo es considerado sospechoso, aunque no ha sido condenado. Se debe aclarar el grado de su participación en el atentado. Por ahora, la Policía explora varios escenarios, incluyendo la posibilidad de un conflicto personal entre Beller y Cerimedo.
Este caso ha vuelto a colocar al presidente Paz en el centro de un escándalo político que va más allá de la investigación penal. Cerimedo no solo es investigado por su posible conexión con el ataque a Beller, sino que su relación con el mandatario ya había suscitado dudas acerca de su influencia en el Gobierno. Mientras tanto, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.
En este contexto, la solicitud de Ormachea representa un nuevo desafío para la administración de Paz, intensificando la necesidad de esclarecer la naturaleza del vínculo entre el presidente, su asesor, y las personas involucradas en este caso.