Jhonny Aguilera, quien fue viceministro de Régimen Interior, fue detenido este martes mientras testificaba en el juicio relacionado con la asonada militar del 26 de junio de 2024. Aunque el tribunal optó por mantenerlo bajo arresto durante un receso de la audiencia, posteriormente fue liberado. Aguilera aclaró que su arresto fue una medida cautelar para asegurar su participación en el proceso judicial.
La situación del exviceministro se había complicado en días previos, ya que la Fiscalía inició una investigación en su contra por presuntos delitos de tortura y organización criminal. Esta investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por la defensa del vicealmirante Juan Arnez Salvador, quien también está siendo procesado por su participación en los eventos de junio de 2024. La denuncia alega abusos durante las indagaciones y cuestiona las acciones de Aguilera en su anterior rol dentro del Ministerio de Gobierno y la Policía.
El arresto de Aguilera y la apertura de esta nueva investigación lo sitúan en el centro de un proceso judicial que involucra a varias exautoridades del gobierno anterior. No obstante, hasta el momento no se ha presentado evidencia que sugiera que el presidente Rodrigo Paz haya ordenado su detención de manera personal o que esto represente una persecución política. La decisión fue tomada por un tribunal en el marco de un procedimiento legal y la investigación por tortura fue iniciada por el Ministerio Público.
Este caso suscita una pregunta política de relevancia: ¿quiénes serán las próximas exautoridades bajo investigación por la administración de Paz? La ofensiva judicial contra exfuncionarios ha cobrado fuerza en las últimas semanas, especialmente en el contexto de investigaciones por corrupción, narcotráfico y los sucesos del 26 de junio. El Gobierno defiende que estos procesos buscan establecer responsabilidades, mientras que opositores y algunos exfuncionarios han denunciado que se trata de motivaciones políticas encubiertas.