La Federación Departamental de Chóferes "San Cristóbal" de Oruro ha puesto un plazo de 48 horas al Gobierno para que se lleve a cabo una reunión que aborde el Decreto Supremo 5726, el cual regula la sustitución de vehículos diésel por Gas Natural Vehicular (GNV).
Lucio Méndez, secretario general de la federación, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta clara por parte del Gobierno. La organización demanda información sobre la reglamentación y las condiciones del programa de renovación vehicular, alertando que la falta de atención podría resultar en medidas de presión en el departamento.
Méndez expresó que el Gobierno suele responder solo ante situaciones de presión. El sector busca establecer una mesa de trabajo que defina la aplicación del decreto tras la eliminación de la subvención al diésel. Si la reunión no se materializa, se prevé una huelga de brazos caídos y un paro de transportes en Oruro.
La nota dirigida al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamorano, formalizando el ultimátum, fue enviada el 2 de octubre y recibida el 5 de octubre. En esa comunicación, la federación exigió la presencia del ministro y su equipo técnico en la sede de la organización en Oruro.
La carta de la federación menciona que han estado esperando una respuesta concreta hasta la fecha límite, y si no se concreta la reunión, tomarán medidas más drásticas. "Hoy se cumplen las 48 horas. Si no están presentes las autoridades, procederemos a acciones más radicales", advirtió Méndez.
"Sabemos nomás que las autoridades funcionan con medidas de presión, de lo contrario no te van a hacer caso"
La federación hace responsable al ministerio de las consecuencias que puedan surgir por la falta de atención a su solicitud. Los dirigentes esperan que las autoridades se desplacen a Oruro para explicar los detalles del Decreto Supremo 5726 y establecer una mesa de trabajo para definir las condiciones de implementación del programa de renovación vehicular.