Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo que fue capturado en Bolivia en marzo de 2023, está en el centro de una nueva revelación por parte de la Fiscalía. Según los documentos judiciales obtenidos por Unitel, Marset habría estado desembolsando hasta $us 500.000 al mes a figuras de alto rango en el Gobierno boliviano como parte de un esquema de "alquiler de protección".
La imputación formal señala que dicho pago se realizó entre 2023 y 2024, y el narcotraficante habría utilizado estos fondos para recibir información sobre movimientos policiales y operativos en su contra. Este hecho ha sido calificado como notorio, dado que Marset era visible en varios medios de comunicación.
Los datos presentados en la acusación fueron recolectados a partir de entrevistas, declaraciones testimoniales, diagramas de vínculos, grabaciones en video y un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Entre las entidades a las que se vincula con estos pagos se encuentran el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y, en última instancia, la Fiscalía General del Estado, liderada por Roger Mariaca, quien también enfrenta acusaciones en este caso.
Las implicaciones de esta situación son graves y podrían señalar un nivel de corrupción alarmante dentro de las instancias de poder en Bolivia, donde se cuestiona la integridad de las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico.